HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SEÑOR PRESIDENTE

Cjal. Guillermo Sáenz Saralegui

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VISTO:

Que se ha legitimado desde el Estado la “Doctrina Chocobar” que premia a las fuerzas de seguridad que disparen a ciudadanos por fuera del protocolo de actuación y que en consecuencia, Facundo Alexis Ferreira, un niño de 12 años, murió de un balazo en la nuca porque la Policía de Tucumán interpretó que circulaba en moto de forma sospechosa.

Y,

CONSIDERANDO:

Que el próximo 8 de mayo se cumplirán 31 años de la “Masacre de Ingeniero Budge”, un caso emblemático de violencia institucional que por primera vez fue reconocido como un acto de gatillo fácil. Tres efectivos de la Policía bonaerense acribillaron a balazos a tres chicos que tomaban cerveza en la esquina de Guaminí y Figueredo sin que mediara enfrentamiento alguno. Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz recibieron entre siete y doce balazos.

Que la Policía tiene un protocolo de actuación.

Que la Constitución Nacional y el Pacto de San José De Costa Rica establecen el marco protectorio de derechos humanos

Que la violencia institucional es toda agresión física, sexual, psíquica o simbólica, ejercida por funcionarios o agentes del Estado en cumplimiento de sus funciones, incluyendo normas, protocolos, prácticas institucionales, descuidos y privaciones en regimiento de una persona o grupos de personas.

Que, según el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el 30% de la población juvenil fue alguna vez detenida y hay un sesgo sistemático de clase, es decir, son de sectores populares. En estos sectores el porcentaje asciende al 70%.

Que en nombre de la Asociación de Pensamiento Penal (APP) y de la Cátedra de Criminología de la UNMDP, Juan Tapia denunció: “desde diciembre de 2015 el Ministerio de Seguridad bonaerense dejó de aportar datos para confeccionar informes” con relevamiento de datos duros.

Que en Mar del Plata, la Policía aplica con discrecionalidad el pedido de identificación. Además, en los barrios periféricos están en aumento los casos de hostigamiento mediante la criminalización de determinados sectores poblacionales como por ejemplo la comunidad LGTBIQ.

Que en la actualidad el sistema penal ya detiene a los menores de 16 años. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de los 620 jóvenes que hay detenidos en los institutos de menores, entre un 5% y un 7%, tienen entre 13, 14 y 15 años. Es decir que el sistema, a partir de la excepción del artículo 74 de la ley de Responsabilidad Penal Juvenil, ya está deteniendo.

Que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires denunció en abril de 2017 que las personas trans de Mar del Plata “sufren requisas policiales violentas y vejatorias en la vía pública, son registradas como varones sin respetar su identidad autopercibida y son criminalizadas, sobre todo en el caso de las migrantes”.

Que el 27 de Julio de 2017, dos efectivos de la Policía Local y dos del Comando de Patrullas tiraron al suelo a chicos de 13 y 15 años y, una vez que los detuvieron, les patearon las costillas y la cabeza.

Se eleva el siguiente proyecto de resolución,

RESOLUCIÓN:

Art 1-. El Honorable Concejo Deliberante manifiesta su rechazo a la legitimación del Estado hacia toda forma de violencia institucional y gatillo fácil. Repudiando, también, a la aplicación de la llamada “Doctrina Chocobar”.

Art 2-. Comuníquese, etc.