Mar del Plata, 04 de septiembre de 2024

A la Presidenta del

Honorable Concejo Deliberante

Sra. Marina Sánchez Herrero

S_________/_________D

VISTO

La necesidad de articular la coordinación entre los Estados municipal, provincial y nacional, así como también, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, a fines de frenar el avance del delito en el Partido de General Pueyrredon. Y;

CONSIDERANDO

Que la seguridad ciudadana en los centros urbanos es ni más ni menos que la garantía de la vida en comunidad y la preservación de los derechos de todas las personas, en un marco democrático y constitucional.

Que la inseguridad representa un riesgo real a la vida, la salud, la propiedad y el disfrute del espacio público y privado; y que degrada el tejido social y daña el contrato social que asumen los ciudadanos para con el Estado.

Que la publicación de los datos de la inseguridad del 2024 por parte del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED) ha encendido las alarmas de la ciudadanía, ya que ha mostrado un aumento significativo de todos los índices del delito, representando un claro retroceso en la lucha contra la inseguridad.

Que en lo que va de este año se registraron: 121.312 llamadas al 911; 840 robos y hurtos en viviendas; 633 en comercios; 658 en la vía pública; 647 robos y hurtos de automóviles y 979 de motocicletas. A su vez, hubo 19 homicidios en el Partido.

Que estas cifras hay que analizarlas en relación al 2023, para de esta forma estudiar la evolución de la criminalidad.

Que, en ese sentido, se observa que el acumulado de enero y junio del 2024 en los distintos tipos delictuales es mayor que el acumulado de todo el 2023.

Que de esta manera es posible observar que, entre enero y junio del 2024 hubo 33% más de llamadas 911 que en 2023; 73% más de robos y hurtos en viviendas; 90% de robos y hurtos en comercios; 54% más de robo y hurto automotor; 39% más de robo y hurto de motos; y 12% más de homicidios.

Que teóricos y especialistas de la seguridad sostienen que es imposible afirmar empíricamente una relación causal directa entre pobreza o marginalidad y delitos comunes contra la propiedad, como robos, hurtos u otras formas delictivas violentas asociadas a ellos[1].

Que, de todas formas, lo cierto es que los índices de este tipo de delitos -coloquialmente conocidos como “comunes” o “callejeros”- aumentan paralelamente a las tasas de indigencia, pobreza, desempleo, es decir, a la degradación socioeconómica en general, como se detecta desde fines del año pasado.

Que, por lo tanto, una buena política de seguridad se debe integrar con políticas de integración social y educativa, así como también, de empleo y mejoramiento de ingresos.

Que, sin perjuicio de esto, es necesario que el Estado atienda la inseguridad como un problema urgente en sí mismo, que merece su abordaje particular con herramientas específicas, en tanto cuenta con el monopolio legítimo de la violencia física.

Que la criminalidad en el Partido no distingue condiciones sociales, económicas ni políticas, por lo cual resulta indispensable velar por el interés y bienestar de la ciudadanía.

Que el delito en general afecta sensiblemente el segmento poblacional integrado por trabajadores, jubilados, pensionados, transportistas, estudiantes y quienes transitan cotidianamente las calles y espacios públicos, estando por lo tanto mayormente expuestos a la problemática que motiva la presente.

Que, más allá de las responsabilidades delineadas constitucionalmente, desde la crisis de inseguridad de la década de 1990, los Estados municipales vienen asumiendo un rol activo en la formulación de políticas públicas de seguridad.

Que el Partido de General Pueyrredon tiene historia en este sentido, con un sistema de seguridad municipal que llegó a incluir una guardia urbana, una escuela municipal de seguridad, un centro de análisis estadístico del delito y otras herramientas que le dieron capacidad territorial y tecnológica al gobierno municipal.

Que la capacidad tecnológica de la Secretaría de Seguridad fue expandiéndose, pero en detrimento de la capacidad territorial, como es posible ver con el desmembramiento de la Policía Local, hoy convertida en un Cuerpo de Patrulla Municipal con tareas de control vehicular y asistencia a operativos policiales.

Que, a su vez, en este Municipio se han sucedido distintas mesas de coordinación o consejos de seguridad para abordar la problemática, previas incluso a la creación de la Secretaría de Seguridad.

Que el Decreto del Departamento Ejecutivo N°1299 del año 1989, firmado por el entonces Intendente Ángel Roig, creó el Consejo de Seguridad del Partido de General Pueyrredon.

Que el Consejo de 1989 estaba integrado por el Intendente Municipal, como Presidente; el Secretario de Gobierno, como Secretario Ejecutivo; un representante de la Unidad Regional IV de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como Vocal de Seguridad; un representante de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, como Vocal de Justicia; y un representante del Honorable Concejo Deliberante, como Vocal Político.

Que, además, se conformó con el Colegio de Abogados; la Universidad Nacional de Mar del Plata; el Patronato de Liberados; la Sociedad Rural; la Bolsa de Comercio; la Unión del Comercio, la Industria y la Producción; la Confederación General del Trabajo; y Asociaciones Cooperadoras Policiales.

Que el Decreto del Departamento Ejecutivo N°539 del año 1992, del por entonces Intendente Mario Russak, modificó la integración del Consejo de Seguridad, reemplaza al Secretario de Gobierno por el Director General de Coordinación, Prevención y Seguridad. Asimismo, añadió como integrantes del Consejo a representantes de Bomberos de Mar del Plata, Clubes de Fútbol, Sociedades de Fomento, Escuelas, Defensa Civil, Unidad Penitenciaria XV, Juzgado Federal, Juez de Menores, Círculo de Oficiales Retirados y Centro de Oficiales Retirados.

Que, por otro lado, dicho Intendente decretó ese mismo año el nuevo Reglamento del Consejo de Seguridad, que figura como Anexo del Decreto D.E. N°1082 del año 1992.

Que, en su Artículo N°1, el Reglamento definió que la Presidencia del Consejo Municipal de Seguridad será ejercida por el Señor Intendente Municipal, con atribuciones y deberes relacionados a la convocatoria a reuniones, dirigir los debates con voz y voto, representar al Consejo y designar y remover sus Vocales.

Que en los artículos siguientes del Anexo I del Decreto D.E. N°1082/92 se reglamentó el funcionamiento de las reuniones, la toma de actas, las mayorías en caso de votación, la periodicidad de sus encuentros, entre otros puntos.

Que la creación del Consejo en 1989, la modificación de sus integrantes y aprobación del Reglamento en 1992 -decretos de Intendentes de distintas fuerzas políticas- demuestra dos cuestiones: en primer lugar, que la seguridad pública viene siendo un tema de gestión municipal, más allá de las jurisdicciones; en segundo lugar, que la preocupación por conformar un espacio de coordinación y decisión intersectorial ha atravesado líneas partidarias.

Que escasa información se encuentra sobre las actividades del Consejo de Seguridad en la década de 1990, salvo los mencionados decretos relacionados a su funcionamiento.

Que en el año 2013 se crea la Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control.

Que en el Decreto del Departamento Ejecutivo N°3452 del año 2013 se establecieron sus funciones, programas y organigrama, incluyendo las del Consejo Municipal de Seguridad dentro de la órbita de la Secretaría.

Que, a partir del 2015, el Consejo Municipal de Seguridad cayó en desuso, habiéndose presentado varios pedidos de informe desde el Honorable Concejo Deliberante sobre el tema, entre ellos la Comunicación N°5177 del año 2018.

Que bajo el Expediente del Departamento Ejecutivo N°2357 del año 2019, se respondió la comunicación referenciada anteriormente, y se confirmó que en el 2018 el Consejo Municipal de Seguridad ya no había tenido actividad.

Que, en el marco de la emergencia en seguridad dictada por el Honorable Concejo Deliberante en 2021 se conformó un Consejo Asesor de Seguridad, integrado por el Intendente, Secretaría de Seguridad y Subsecretaría de Derechos Humanos, Foro de Seguridad, Ministerios provinciales, fuerzas de seguridad, Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Defensa, Universidades, entre otros, del que tampoco constan registros de actividades.

Que en mayo de este año se anunció la Mesa de Enlace de Seguridad, definida como “una instancia de diálogo y trabajo que intentará ordenar los recursos disponibles y abordar proyectos interdisciplinarios para trabajar en la prevención de los delitos que no paran de crecer en la ciudad”[2].

Que se difundió que la misma estaría encabezada por el Intendente Guillermo Montenegro, e integrada por el director de Fiscalización de Despliegue Territorial de las Fuerzas Federales de la Nación, Gustavo Jara; la diputada provincial Sofía Pomponio; el secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Gonçalves; así como autoridades de la Aduana, AFIP, Policía de seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura Naval Argentina, Policía Federal, Policía Bonaerense y Jefatura Departamental.

Que se suponía que la Mesa de Enlace tendría cierta periodicidad de reuniones, pero no constan registros oficiales o notas periodísticas que den cuenta que se haya vuelto a reunir.

Que el 14 de agosto de este año, se anunció que Provincia y Municipio se encontrarían en dos mesas de trabajo, una “de política criminal” y otra de “coordinación de políticas locales”, integradas por “autoridades judiciales, la municipalidad, el ministerio, y la Policía". La primera tiene que ver con trazar una estrategia de política criminal para el Partido, mientras que la segunda con el “seguimiento del mapa del delito”, complementando con la mirada territorial de los actores políticos locales[3].

Que todo lo revisado en materia de legislación permite afirmar que ha habido experiencias de consejos asesores entre fines de la década de 1980 y fines de los 2010, ordenadas desde el Honorable Concejo Deliberante o decretadas por el Ejecutivo.

Que, con posterioridad, estos espacios fueron abandonados o directamente no entraron en funcionamiento, como el Consejo Asesor de Seguridad creado durante la Emergencia Municipal en Seguridad de 2021-2022.

Que, en paralelo, el delito creció en todos sus índices desde 2020 hasta la fecha y, frente al reclamo por un espacio de coordinación entre Nación, Provincia y Municipio, sólo hubo anuncios de mesas de trabajo que: (1) se han reunido en una única oportunidad sin poder sostener la misma en el tiempo; (2) no han anunciado políticas de seguridad; (3) no realizaron informes de la situación del delito; (4) no elaboraron conclusiones o estrategias.

Que, por lo tanto, es necesario que, frente a los anuncios recientes de la conformación de una mesa de política criminal y coordinación de políticas locales, estas iniciativas no queden en vano.

Que, desde el Honorable Concejo Deliberante, corresponde que se reglamenten políticas públicas en todos los ámbitos, pero especialmente en seguridad, ya que la naturaleza de la temática obliga a que las decisiones sean de largo plazo y estén institucionalizadas.

Que, en ese sentido, es menester instituir la Mesa de Política Criminal y Coordinación de Políticas Locales de Seguridad en el Partido de General Pueyrredon, con el objetivo de reglamentar un espacio de discusión, diseño e implementación de políticas públicas de seguridad para el corto, mediano y largo plazo, del que participen todos los sectores, niveles y poderes del Estado.

Que esta Mesa ordenada por el Honorable Concejo Deliberante debe contar con la participación de todos los niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) y poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como también, el órgano reconocido por ley para la participación ciudadana (Foro Municipal de Seguridad), el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito y fuerzas de seguridad de todos sus niveles.

Que, para garantizar su funcionamiento real y su mirada largoplacista, debe funcionar por el término de los mandatos ejecutivos, por lo que tendrá duración por los próximos 3 años, pudiendo ser renovada por este Honorable cuerpo llegado el momento.

Por todo lo expuesto, el Bloque de Concejalas y Concejales de Unión por la Patria eleva el siguiente proyecto de:

ORDENANZA

Artículo Nº1.- Institúyase en el ámbito del Partido de General Pueyrredon la Mesa de Política Criminal y Coordinación de Políticas Locales de Seguridad, con el objetivo de reglamentar un espacio para el diseño, acción efectiva e implementación de políticas públicas de seguridad de forma intersectorial e interjurisdiccional.

Artículo Nº2.- La Mesa de Política Criminal y Coordinación de Políticas Locales de Seguridad estará integrada por funcionarios y representantes de los siguientes organismos públicos e instituciones:

a)  Intendente Municipal.

b)  Secretaría de Seguridad del Municipio de General Pueyrredon.

c)  Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

d)  Jefatura Departamental Mar del Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

e)  Fuerzas Federales con asiento en el Partido de General Pueyrredon.

f)  Servicio Penitenciario Bonaerense.

g)  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

h)  Ministerio Público Fiscal Fuero Provincial y Federal.

i)  Poder Judicial de la Nación.

j)  Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

k)  Comisión de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad del Honorable Concejo Deliberante del Municipio de General Pueyrredon.

l)  Foro Municipal de Seguridad del Partido de General Pueyrredon.

Artículo Nº3.- La Mesa de Política Criminal y Coordinación de Políticas Locales de Seguridad tendrá como objetivos:

a)  Delinear estrategias en común desde cada organismo y/o institución con competencia y responsabilidades en su accionar en la lucha contra el delito.

b)  Diseñar la implementación de políticas públicas teniendo en cuenta la territorialidad, complejidad del accionar delictivo y análisis estadísticos que surjan del monitoreo e información que se recaude y evalúe de la propia Mesa, como así también, los aportes establecidos por cada organismo y/o institución.

Artículo Nº4.- La Mesa de Política Criminal y Coordinación de Políticas Locales de Seguridad comenzará a funcionar quince (15) días hábiles después de la promulgación de la presente.

Artículo Nº5.- De forma.

AUTORÍA:

ADHERENTES:

[1] Schleider, T., & Carrasco, M. E. (2016). Municipios: los nuevos actores de la seguridad ciudadana. Buenos Aires: ILSED: https://www.ilsed.org/wp-content/uploads/2017/04/ILSED-Municipios.-Los-nuevos-actores-de-la-seguridad-ciudadana.-ILSED-1.pdf

[2] “Lanzan la "Mesa de Enlace de Seguridad" en Mar del Plata: de qué se trata”, 0223, 06/05/24:

https://www.0223.com.ar/nota/2024-5-6-20-15-0-lanzan-la-mesa-de-enlace-de-seguridad-en-mar-del-plata-de-que-se-trata

[3] “Seguridad: el Municipio y la Provincia acordaron realizar una mesa de política criminal”, 0223, 15/08/24:

https://www.0223.com.ar/nota/2024-8-15-7-50-0-seguridad-el-municipio-y-la-provincia-acordaron-realizar-una-mesa-de-politica-criminal