Mar del Plata, 21 de noviembre de 2024.-

Sra. Presidenta del Honorable Concejo Deliberante

Partido de General Pueyrredon

Concejala Marina Sánchez Herrero

S / D

VISTO:

La necesidad de actualizar y derogar legislación obsoleta en el Partido de General Pueyrredon para adaptarse a las necesidades actuales y los nuevos tiempos que acontecen en nuestra ciudad;

CONSIDERANDO:

Que en el Partido de General Pueyrredon, al igual que en otros municipios provincias y a nivel nacional, cuantiosa cantidad de legislación se encuentra obsoleta, sin sentido e inadecuada para los tiempos que corren;

Que en gran cantidad de casos, esas regulaciones imponen complicaciones al normal devenir ciudadano;

Que el sistema republicano de gobierno impone la obligación de revisar, relevar y evaluar de manera constante la normativa vigente a fin de acompañar los cambios sociales y la evolución de los paradigmas basados en el respeto y reconocimiento de las libertades individuales;

Que muchas normativas actualmente vigentes en el ámbito local resultan obsoletas, inútiles o han sido superadas por leyes posteriores, generando trámites innecesarios y costos adicionales que afectan a los ciudadanos y empresas;

Que la sobrerregulación normativa no sólo genera un obstáculo a las actividades económicas, sino que, en muchos casos, afecta la libertad individual y va en detrimento de la eficiencia en la gestión pública y el desarrollo privado;

Que el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que los habitantes no están obligados a cumplir con aquello que no esté mandado por la ley, lo que implica que debe imperar un principio de máxima libertad, y no de excesivo control burocrático;

Que muchas de las normas vigentes fueron dictadas bajo concepciones que priorizaban el control estricto sobre las actividades de la ciudadanía, imponiendo regulaciones y prohibiciones que han perdido sentido en el contexto actual;

Que la acumulación de normas sin relevancia práctica afecta la seguridad jurídica y el buen funcionamiento del sector público y privado, generando una burocracia que obstaculiza el crecimiento económico y social de nuestra comunidad;

Que la derogación de normas obsoletas permitirá simplificar el orden normativo municipal, eliminar barreras innecesarias y facilitar la adaptación de las actividades productivas a las nuevas circunstancias sociales, económicas y tecnológicas;

Que resulta necesario que las políticas públicas, lejos de imponer restricciones y costos innecesarios, se orienten a la promoción efectiva de las libertades individuales y la eficiencia normativa;

Que diferentes desregulaciones en diversos ámbitos marcan un sendero de época en donde la desregulación y la simplificación de los trámites e instituciones estatales conlleva una mayor facilidad para la vida de todos los ciudadanos;

Que la Ordenanza n° 21772 implementa el Programa “Precios Cuidados Mar del Plata/Batán” con el objetivo de celebrar acuerdos entre el municipio y comerciantes, distribuidores y productores locales para lograr precios iguales o menores al programa nacional;

Que supuestamente el programa, en sintonía con el nacional, favorecería a los consumidores y comerciantes del Partido;

Que no es rol del Estado determinar o fijar precios, práctica política y económica que ha fracasado históricamente no solo en nuestra República Argentina sino a lo largo y ancho del globo;

Que equívocamente, los objetivos del programa (contribuir al incremento de la producción local, generar empleo en la ciudad, beneficiar a pequeños y medianos distribuidores y comerciantes) se alejan de la situación nacional en los últimos 10 años;

Que el beneficio de pequeños y medianos distribuidores y comerciantes como así también de los ciudadanos se genera quitando regulaciones erróneas, vetustas y sinsentido que complican el normal devenir ciudadano;

Que el programa tenía “el objetivo de proteger a todos los consumidores”, situación que se genera con la adecuada aplicación de políticas económicas y no mediante el desvío de los precios de referencia y la interferencia del Estado en las decisiones libres de oferentes y demandantes;

Que el desarrollo de sus considerandos demuestra la irresponsabilidad en la formulación de políticas públicas que contribuyeron, en los últimos 20 años, al despilfarro de recursos, la utilización de la emisión de moneda para paliar el déficit fiscal y, por lo tanto, números alarmantes de inflación solo por debajo de países como Venezuela;

Que los incorrectos incentivos de los políticos generan inadecuadas normativas tendientes a complicar la vida de los ciudadanos y de los productores que, como actores libres y racionales, tienen derecho a pactar y comerciar libremente;

Que, entre sus considerandos, se menciona “que el aumento especulativo de precios de la canasta básica perjudica a los consumidores de la ciudad disminuyendo su poder adquisitivo”, asumiendo que la culpabilidad de la inflación es provocada por un supuesto malvado accionar de los comerciantes, empresarios y productores y no por la desidia económica de las políticas de índole nacional;

Que, entre sus considerandos, se menciona “que la actitud irresponsable por parte de algunos empresarios que concentran la distribución y comercialización de productos contribuyen a la aceleración del proceso inflacionario perjudicando a la economía local, regional y nacional”, lo cual demuestra nuevamente la errónea conceptualización del proceso inflacionario y responsabiliza, de forma inadecuada, al accionar de los comerciantes, emprendedores y empresarios;

Que se argumenta “que el programa Nacional “Precios Cuidados” ha demostrado resultados exitosos protegiendo el bolsillo de los consumidores”, enunciado rebatido por los valores inflacionarios presentes en los últimos 20 años;

Que, por lo tanto, la inflación acumulada de más de 1000% demuestra que el cuidado de los precios no es más que un slogan refutado de forma evidente por los datos de los últimos años;

Que no es rol del Estado el control de los precios y el castigo hacia los emprendedores;

Que la mejor política económica del control de la inflación debe estar destinada a la eliminación de la emisión de moneda, la reducción del déficit fiscal y el control de los recursos nacionales;

Que, por lo tanto, es esencial deshacerse de toda la normativa referida a la incorrecta generación de políticas económicas;

En virtud de lo expuesto, en mi carácter de concejal del Bloque de Concejales de Vamos Juntos presento a consideración del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon el siguiente proyecto de:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- Deróguese la Ordenanza n°21772

ARTÍCULO 2º.- De forma

Autoría del Proyecto

Firmas adherentes