Los encuentros de formación, organizados por el Honorable Concejo Deliberante y la Dirección de Políticas de Género, estuvieron destinados al personal de planta, bloques políticos y concejales. Se entregaron certificados de asistencia.
Se llevó a cabo en el Honorable Concejo Deliberante la jornada final de capacitaciones en el marco de la Ley Nº 27499, conocida como “Ley Micaela”. Se trata de una serie de encuentros de formación en género, obligatorios, dirigidos al personal de planta permanente del legislativo comunal, personal de bloques políticos y concejales, que finalizaron hoy con la exposición de Laura Bucci y posterior entrega de certificados.
Bucci disertó sobre “Políticas públicas de cuidado: Mujer, niñez y juventud”.
Estuvieron presentes las concejales Ilda Mercedes Morro (IPAIS); Verónica Lagos y Virginia Sívori (UC), Claudia Rodríguez (AM); Cristina Coria y Natalia Vezzi (UCR), ésta última promotora de este ciclo.
La implementación de la ley está a cargo de la Dirección de Políticas de Género, tal como prevé la Ordenanza Nº 23.962, con la organización del Cuerpo Legislativo local.
Las capacitaciones comenzaron el martes 21 de mayo, y se sucedieron en forma mensual.
Cada una de las charlas contó con la presentación de reconocidos referentes en materia de género. Algunos puntos a abordar fueron: Historia del movimiento de mujeres y diversidad, Violencia de género, Aspectos jurídicos y legislación vigente, Nuevas masculinidades, Abuso y maltrato infantil, Políticas públicas de mujer, Niñez y juventud y Labor legislativa con perspectiva de género.
Sobre la Ley Micaela
La “Ley Micaela” establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
En su artículo 4º la ley estipula que las máximas autoridades de cada uno de estos poderes, en colaboración con las áreas de género, son los responsables de la implementación de las capacitaciones.
General Pueyrredon adhiere a dicha ley a través de la Ordenanza 23962. Allí se establece que deben arbitrarse los mecanismos necesarios para su implementación a través de la Dirección de Políticas de Género.